En el tiempo de mi desaparición —y hoy lo rectifico con toda claridad— no fue un anexo, fue un secuestro.
Durante ese periodo vi y viví innumerables irregularidades, más de las que cualquiera podría imaginar. Agresiones, extorsiones, violaciones, chantajes, intimidación constante. Realidades crudas, brutales, que casi nadie se atreve a contar o compartir por miedo.
Desde que estoy en libertad he tenido que acudir a la Fiscalía y a la Procuraduría del Estado de Jalisco para poder obtener un amparo. No por gusto, sino por necesidad. Para protegerme y exigir mis derechos constitucionales como ciudadano mexicano.
Chikys, pon atención.
Chuky, escucha bien.
La única forma legal de privar a una persona de su libertad es muy específica y está claramente establecida en la ley.
Debe existir una orden por escrito, firmada y sellada por un juez en turno, acompañada del dictamen de un psiquiatra y un psicólogo, y además la responsabilidad directa de un familiar. Todo esto debe demostrar, de manera fundada, que la persona representa un peligro para sí misma o para la sociedad, que no es apta y que sus facultades mentales están comprometidas.
Nada fuera de eso es legal.
En el caso de los llamados “anexos”, pretenden justificar privaciones ilegales de la libertad con una simple hoja en blanco, firmada por algún vecino o familiar, creyendo que así se deslindan de toda responsabilidad. Eso es falso.
Esa hoja no es un documento legal, no tiene validez alguna, absolutamente ninguna.
Para su información:
Las personas afectadas pueden y deben levantar una denuncia ante la Procuraduría del Estado en contra del anexo y todos los involucrados.
Esto sí constituye un delito y sí aplica cárcel.
En México, privar de la libertad a una persona sin su consentimiento legal es un delito.
No es apoyo.
No es tratamiento.
Es secuestro disfrazado. Es un crimen.
Que quede claro:
Los llamados centros de rehabilitación, conocidos como “anexos”, NO tienen autoridad para encerrar a nadie contra su voluntad. Ninguna. Cero.
Si no existe un proceso médico real y, en casos extremos, un respaldo judicial, todo encierro es ilegal. Todo lo demás es abuso, violencia y corrupción.
¿VAMOS BIEN CHUKYS?
La ley mexicana —incluidas las reformas recientes a la Ley General de Salud— no está para adornar discursos. Está para proteger derechos humanos y frenar el internamiento forzado, ese que se vende como “ayuda” mientras rompe cuerpos, mentes y libertades.
Esto no es opinión. Son hechos legales. Y no se negocian:
El consentimiento es obligatorio.
Nadie puede ser internado “por su bien” sin su autorización. El ingreso debe ser voluntario, con consentimiento informado, consciente y libre.
Sin eso, todo encierro es ilegal.
El internamiento involuntario es una excepción extrema, no la regla.
Y cuando ocurre, exige condiciones estrictas:
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Una certificación médica especializada que pruebe que la persona representa un peligro real e inmediato para sí misma o para otros.
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Incluso en ese escenario, la persona no puede ser incomunicada, no puede ser humillada, no puede ser violentada, y debe saber exactamente qué está pasando.
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Esta decisión NO la toman vecinos, NO la firma un conocido, NO la decide un “encargado”. Debe seguir lineamientos nacionales, creados para proteger al paciente, no para desaparecerlo detrás de un portón.
¡Vamos bien chukys.!
Ahora hablemos de la verdad que muchos no quieren decir:
La realidad de muchos anexos es otra.
Operan sin permisos, sin registro, sin regulación, sin supervisión de CONADIC o COFEPRIS. Sin servicios médicos calificados, sin psicólogos, sin psiquiatras,
En esos lugares hay maltratos, castigos, tortura psicológica, amenazas y privaciones ilegales de la libertad.
Eso NO es rehabilitación.
Eso ES DELITO.
Y eso SE DENUNCIA.
La ley es clara y no protege a abusadores.(padrinos)
Todo centro, incluso privado, debe contar con registro sanitario, cumplir la normativa y garantizar los derechos humanos. El tratamiento debe basarse en respeto, dignidad y legalidad, no en el miedo, el encierro ni la violencia sistemática.
Que no te engañen con discursos religiosos o moralistas.
Que no te callen con amenazas.
Que no normalicen lo que nunca debió existir.
Lo ilegal no se convierte en ayuda solo porque lo repitan mil veces.
En mi caso, pasó.
Y a nadie le importó.
Perdí todo por lo que me había esforzado. Todo.
Mi trabajo, mi estabilidad, mi vida tal como la conocía.
Y para que quede aún más claro:
ni siquiera vivía en Guadalajara.
Aun así, decidieron por mí.
Me arrancaron de mi realidad como si no valiera nada.
Como si mi libertad no contara.
Esto no es una historia ajena chikys.
Me pasó a mí.
Y el silencio alrededor fue tan violento como el encierro. ¡no tienes una idea.!
Nadie tiene el derecho de tocarte, sobajarte o hacerte sentir menos. Vales mucho. Ni de privarte de tu libertad.
ATTE: LA MITCHELL
CASA HOGAR PAOLA BUENROSTRO
CASA DE LAS MUÑECAS CDMEX.
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